La ‘Operación Dominó’, una estrategia implementada para prevenir la extorsión a la ciudadanía cometida dentro de las cárceles, luchar contra la corrupción y mantener el control y la seguridad dentro de los establecimientos de reclusión del orden nacional, entro en su segunda fase en el país.

El anuncio lo hizo el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec), el coronel de la Policía Daniel Fernando Gutiérrez, quien entregó un balance de las operaciones.

“Nuestro objetivo es que este plan se focalice en diez (10) centros penitenciarios del país y se hagan operativos de control y registro de manera aleatoria. El año pasado hubo más de 100 intervenciones y este año queremos duplicar esa cifra”, señaló el funcionario.

Mediante una labor interinstitucional que incluye a la guardia penitenciaria, el Grupo de Acción Unificada contra la Extorsión y el Secuestro (Gaula) de la Policía en siete centros penitenciarios y carcelarios, se han incautado 2.430 celulares, 10.158 accesorios y la apertura de 332 procesos penales y disciplinarios en contra de funcionarios del Inpec por ingreso de celulares, SIM cards y otros elementos.

“Lo que buscamos es que, semanalmente, haya controles por parte de la guardia del Inpec y que, en coordinación con el Gaula, al menos quincenalmente haya un control aleatorio y focalizado en los centros penitenciarios», dijo

Las acciones han permitido también iniciar la indagación previa en otros 286 casos y 46 entraron a investigación disciplinaria.

El Inpec identificó a 29 personas señaladas de cometer, al parecer de manera permanente, el presunto delito de extorsión, a partir de información suministrada por el Gaula.

Los controles implementados han permitido el traslado de varios de los implicados a cárceles de alta seguridad, lo mismo que la puesta en marcha de operativos constantes, celdas unipersonales y comunicaciones controladas debidamente vigiladas.

También, se avanzó en la identificación de personal del INPEC que permite el ingreso de equipos móviles y esta información fue puesta en conocimiento de los hechos ante la Fiscalía General de la Nación. Esto, para contrarrestar los hechos de corrupción en el sistema penitenciario.

En 2023 hubo 23 denuncias penales contra funcionarios del Inpec por prevaricato por omisión, 2 por prevaricato por acción, y 71 por abuso de autoridad. Estas denuncias se relacionan con hechos de corrupción de ingresos de celulares y otros.

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) pidió delimitar el rol de los operadores de telefonía celular en torno al apoyo en la eliminación o restricción de las señales de comunicación en cárceles.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Inpec, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y otras entidades, está trabajando en un cambio tecnológico que permita la inhibición de señal para garantizar que en los centros penitenciarios no haya posibilidad de comunicación a través por celular.