El Ministerio de Minas y Energía, junto al Ministerio del Trabajo, lideró una audiencia pública social en el corregimiento de La Loma, municipio de El Paso. El encuentro, convocado por el senador Paulino Riasco a solicitud de líderes comunitarios, reunió a cerca de 250 personas entre pequeños mineros, trabajadores cesantes, empresarios hoteleros y comerciantes que hacen parte de la cadena productiva del carbón.

La jornada buscó escuchar de primera mano las preocupaciones de las comunidades frente a la suspensión de actividades mineras y presentar los avances del Distrito Minero “Corredor de Vida”, que comprende los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico, cuyo decreto está actualmente en proceso de socialización.

El Pacto por la Transición Justa del Corredor de Vida prioriza 45 proyectos estratégicos valorados en más de $ 433 mil millones, enfocados en reconversión productiva, salud, conectividad vial, saneamiento básico y gestión ambiental.

Wilfredo Pérez Felisola, trabajador del Consorcio Minero del Cesar – Mina La Francia y miembro de la Asociación Sindical seccional Becerril, compartió su testimonio representando a 86 trabajadores en situación de abandono laboral desde 2013. “Hoy hemos dado un paso muy significativo en nuestra lucha por reivindicar nuestros derechos laborales. Fuimos escuchados por los funcionarios del gobierno, con los cuales venimos trabajando incansablemente desde hace cuatro o cinco meses por conseguir la solución a nuestro conflicto laboral”, aseguró el líder sindical agregando que varias de sus demandas han sido favorables en todas las instancias judiciales sin que se haya materializado el pago.

Pérez denunció que tras el cierre abrupto de operaciones de la minera CNR y el Consorcio Minero del Cesar hace 14 años, decenas de trabajadores permanecen con contratos activos que solo cubren salud y pensión, sin pago de salario.

Rafael Oñate, asesor del ministro de Minas y Energía, explicó que el Gobierno está habilitando mecanismos concretos. “Hemos venido ayudando a los municipios a que entren en la convocatoria de incentivo a la producción que tenemos abierta en el Ministerio de Minas”, reconociendo que el proceso requiere agilizar transferencias de recursos para inversiones territoriales.

Como resultado de la audiencia, se acordó la constitución formal de la Mesa de Trabajo Interinstitucional y Social, que ya cuenta con participación de diferentes entidades del Estado, organizaciones sociales y de la economía popular. Los próximos pasos incluyen la designación de representantes y la convocatoria de entidades específicas para abordar temas puntuales.