Un fuerte llamado hizo el Personero de Valledupar, Silvio Alonso Cuello Chinchilla, al gerente de Electricaribe, Jorge Rivero Cuadro, tras observar “con profunda preocupación” el desbordamiento de quejas, puestas en conocimiento por los usuarios a través de redes sociales, medios de comunicación y también las recibidas por la Personería Municipal, lo que evidencia “recurrentes sobrecostos y omisión en la lectura personalizada del consumo de energía”.

En la comunicación enviada por Cuello Chinchilla, denuncia además que a pesar que varios locales comerciales e inmuebles que están cerrados en cumplimiento de la cuarentena, no obstante, la factura llegó con un exagerado incremento no justificado.

“La Personería, en garantía y protección de los derechos del ciudadano y/o usuarios de este servicio, demanda categóricamente de usted, quien como gerente, ostenta la representación legal de Electricaribe, una adecuada prestación del servicio de energía, exento de cobro indebido, toda vez que esa entidad, omitió la medición del consumo de energía, que debió efectuarse conforme a la Ley 142 de 1994, hecho que tipifica un enriquecimiento sin causa, y un evidente perjuicio y una vulneración de los derechos de los usuarios, quienes, en muchos casos, han optado por medidas de ahorro, lo que se evidencia por el cúmulo de quejas presentadas por los ciudadanos, y la comprobación física de este hecho, mediante visitas presenciales del Personero y funcionarios de la Personería de Valledupar, a varias viviendas y locales comerciales”, dice apartes de la comunicación.

Cuello Chinchilla advierte que “no comparte en absoluto las declaraciones ofrecidas por el gerente en diferentes medios radiales, ya que están por fuera de la realidad y de todo contexto legal, en cuanto desconocen flagrantemente los derechos de los usuarios del servicio”.

Finalizó el comunicado del Personero solicitando al gerente de Electricaribe disponer de forma inmediata los correctivos para dirimir estos hechos que atentan contra la comunidad, que evidencian una clara vía de hecho un abuso de poder por la deficiente prestación de servicio, la lectura no efectiva y el excesivo cobro en la facturación.

Considera también inexplicable el representante del Ministerio Público que en plena vigencia de la declaratoria de emergencia no exista un correo institucional o enlace electrónico para la atención oportuna de las reiteradas quejas de los usuarios.