En el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada para ocho departamentos del Caribe colombiano, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 0214 del 5 de marzo de 2026 a través del cual se definen alivios en materia tarifaria para las familias afectadas por la temporada de lluvias.

La norma establece, entre otras disposiciones: los usuarios cuyas viviendas resultaron afectadas por el fenómeno natural no están obligados a pagar el servicio de energía eléctrica hasta tanto sus inmuebles estén en condiciones para su funcionamiento, y el prestador garantice y restablezca la prestación del servicio en condiciones de seguridad.

Asimismo, diferir entre 12 y 36 meses el pago de la facturación del ciclo anterior a la declaratoria de emergencia, lo mismo que para los costos asociados a la reposición de equipos y acometidas. Al igual, que durante el tiempo que dura la emergencia económica, para el cálculo de las tarifas de energía en los municipios afectados por la emergencia climática, las empresas comercializadoras deben considerar mecanismos de diferenciación de menores precio respecto del esquema actual.

Este régimen tarifario especial y diferencial se aplicará hasta por un año después de haberse restablecido las condiciones técnicas necesarias para el suministro del servicio y los usuarios damnificados puedan hacer uso normal de los inmuebles de sus hogares.

El decreto legislativo también prevé que, mientras dure la emergencia económica, se suspende de manera excepcional los efectos económicos asociados a la subejecución de los planes de inversión y de reducción de pérdidas de los Operadores de Red en la región de la emergencia.

Esta norma estará vigente hasta por dos años mientras se restablezcan las condiciones mínimas para la adecuada prestación del servicio.

El decreto señala en sus considerandos que la magnitud del frente frío ocasionó daños estructurales en miles de viviendas que quedaron destruidas o inhabitables, afectó más de 5.700 kilómetros de red y 3.700 transformadores, y comprometió la capacidad económica inmediata de decenas de miles de familias en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.