La Contraloría General de la República a través de su Delegada para el Sector Justicia y la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegada Con Funciones Mixtas 1: para la defensa de los derechos humanos, alertaron sobre la inminente finalización el próximo 30 de junio, de la prestación y suministro del servicio de alimentación por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), para las personas privadas de la libertad recluidas en los Centros de Detención Transitoria, que por disposición legal tendrá que ser asumido a partir de esa fecha, por las entidades territoriales.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 2346 de 2024, en la cual se asignaron nuevas competencias a las autoridades territoriales (alcaldías y gobernaciones) en materia de alimentación para atender la situación humanitaria de las personas privadas de la libertad recluidas en las estaciones de Policía y URI del país. Cada gobierno local debe presentar sus planes de atención y cumplimiento de lo establecido por la Ley y garantizar la continuidad del servicio de alimentación en cada centro de detención a partir de julio de este año.

En consecuencia, los órganos de control instan a las autoridades territoriales y al Ministerio de Justicia y del Derecho, a definir los planes de implementación del servicio de alimentación en los Centros de Detención Transitoria y garantizar la continuidad de los mismos, en aras de garantizar las condiciones de vida digna en reclusión para la población sindicada bajo su cargo.

La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, requerirán y verificarán la información presentada por las entidades territoriales, para realizar el respectivo seguimiento y control e informará a la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario de la Corte Constitucional.

De forma paralela, la Contraloría General de la República se encuentra ejecutando durante el primer semestre de esta vigencia, una Auditoría de Cumplimiento a las 125 cárceles del país a los Centros de Detención Transitoria, Unidades de Reacción Inmediata (URIS) y a la articulación del sector justicia para gestionar el sistema penitenciario y carcelario del país.