El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar admitió una demanda que pretende restituir 312 hectáreas de tierras despojadas por el paramilitarismo en la parcelación de Mechoacán, en zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, centro del Cesar.

Este proceso, gestionado por la Dirección Territorial Cesar – La Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), se orienta a beneficiar a diez núcleos familiares que fueron desplazados forzosamente de sus predios. Esta tierra —en algunos casos— se negoció a particulares de forma fraudulenta, con ventas amparadas en documentación ficticia, tras ser despojada por el accionar violento de las Auc.

Para atender este importante caso, la URT priorizó a las víctimas de Mechoacán. Se trata de un proceso de alto interés, dado que la entidad gestiona en favor de estas familias una tierra enclavada en el área de actividad e influencia estratégica de empresas dedicadas a la minería a cielo abierto de carbón, en parte del hoy denominado ‘Corredor de La Vida’ (antiguo Corredor Minero).

Cabe destacar que en la parcelación Mechoacán, la URT atiende solicitudes de restitución que fueron negadas en administraciones pasadas, desestimando la inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).

Hoy, siguiendo los lineamientos del Gobierno de Cambio, han sido inscritas al RDTDAF y pasaron a la etapa judicial del proceso de restitución de tierras, a partir de nuevos parámetros de valoración que han sido adoptados por la Unidad, en su propósito de garantizar los derechos territoriales de las víctimas desplazadas y despojadas por grupos al margen de la ley.