La Procuraduría llamó al Departamento de Prosperidad Social-DPS- a cumplir con los cronogramas del Programa de Renta Joven y así evitar que los más de 450 mil estudiantes que hacen parte de este se puedan ver perjudicados.

Y aunque la entidad, a raíz de los requerimientos hechos por el ente de control, ya anunció el desembolso de recursos para un primer grupo de 122 mil jóvenes, para el Ministerio Público persiste la preocupación pues muchos de ellos podrían ver truncados sus estudios.

Es por esto que la Procuraduría Segunda delegada para la vigilancia de la Función Pública, en cumplimiento de sus funciones preventivas, ha hecho observaciones y requerimientos al DPS para que entregue razones de los retrasos de estos incentivos, orientados a beneficiar a jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad que adelantan estudios de educación superior.

Asimismo, el despacho de esta delegada solicitó informes a las directivas del DPS sobre los planes administrativos y operacionales que ha emprendido para agilizar el trámite de las transferencias y de los proyectos de inserción laboral asociados y así facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior de los estudiantes que hacen parte de la población económicamente vulnerable.

Por último, el órgano de control advirtió que ejercerá seguimiento a la ejecución adecuada de los casi 685 mil millones de pesos asignados a este programa en 2024, en búsqueda de garantizar la permanencia y excelencia de los estudiantes en sus procesos de formación instando al cumplimiento oportuno de la entrega de las transferencias a los beneficiados.