La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, abrió proceso de responsabilidad fiscal contra directivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por irregularidades y posibles daños al patrimonio público en contratos del programa gubernamental “Hambre Cero”, ejecutados durante 2023 en La Guajira.

En el desarrollo de la investigación se revisaron los soportes existentes, tales como facturas, bases de datos de beneficiarios, no obstante, se carece de mucha información.

Pese a la falta de soportes, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dio apertura a dos procesos de responsabilidad fiscal así:

Sobre el contrato para suministrar alimentación a 700 personas en los municipios de Hatonuevo y Manaure, durante 90 días con una inversión de $5.240 millones, se dio inicio al proceso de responsabilidad fiscal, mediante el cual se determinó la existencia de sobrecostos por $ 1.001 millones en la contratación de raciones alimentarias para comunidades wayúu.

Los contratos cuestionados presentaron irregularidades como falta de inscripción en el RUES, ausencia de experiencia contractual, uso de códigos RUT del sector educativo y falta de soporte técnico.