La Fiscalía General de la Nación judicializó a Gustavo Fidel Córdoba Carrillo, quien venía siendo investigado por su presunta responsabilidad en unos hechos ocurridos el 17 de noviembre del 2000 en el Corregimiento de Potrerillo municipio de El Paso (Cesar) en los cuales resultaron como víctimas de homicidio José Alberto Montero Pérez, Lino Armando Torres Orozco, Luz Marina Daza Pérez Osman Silva Ditta, Arístides Mendoza Manjarrez.

El ente Investigador imputó a Córdoba Carrillo, como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, y procedió a imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario teniendo en cuenta que la investigación se adelanta bajo el sistema procedimental de Ley 600 del 2000.

Los hechos que se investigan se registraron cuando un grupo de hombres portando armas de fuego de largo alcance, uniformes camuflados con insignias de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y tras sacar a varias personas de sus residencias le dieron muerte por presuntamente ser colaboradores de grupos guerrilleros.

En este proceso fue escuchado en versión libre con base en el postulado de la Ley 975 de 2010 José Arístides Peinado Martínez, alias Peinado, quien confesó su participación en la masacre y entregó información que permitió vincular al hoy procesado como como tercero civil responsable de los hechos por la labor desempeñada como conductor del vehículo en el cual se desplazaban las personas que habrían dado muerte a las víctimas del presente caso.

La captura del implicado estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y de integrantes del Gaula militar en un sector de Valledupar (Cesar).

Ante estos hechos la Fiscalía lo imputó como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.