Como resultado de la denominada operación “Potrerillo”, adelantada entre La Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar – Cesar, se produjo la captura y posterior judicialización de cinco personas que presuntamente estarían involucradas en el secuestro de un ganadero del departamento del Cesar.

Tras la realización de las audiencias de legalización de captura, ante el Juzgado Penal Ambulante de control de garantías, el ente investigador les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, extorsión agravada y extorsión agravada tentada a: Jesús Alberto Vivero Mier, Juan Carlos Vanegas Daza, Richad Alejandro Ruidíaz Castro, Luis Alberto Fonseca Vivero y César Enrique Molina Cervantes. También se adelantó la legalización de ocho diligencias de allanamientos, registro y la incautación de un arma de fuego.

Los hechos que son materia de investigación se registraron el 28 de noviembre del año 2019 cuando el señor Nober José Parra Benavides se movilizaba a bordo de una camioneta en compañía de su padre por el corregimiento de “Potrerillo” zona rural del el Paso (Cesar). Al parecer, fueron abordados por varios sujetos armados que los obligaron a descender del automotor. A Parra Benavides se lo llevaron con rumbo desconocido, mientras que al adulto mayor lo dejaron abandonado.

Integrantes del (CTI) Seccional Cesar ubicaron el pasado 4 de diciembre de 2019 al señor Nober José Parra Benavides en zona rural del municipio de Becerril (Cesar).

Pese a que los familiares pagaron una fuerte suma de dinero por su liberación, los delincuentes habrían continuado extorsionado a la víctima. Por esa razón, tras un operativo antiextorsión adelantado por la Fiscalía General de la Nación en coordinación con el Gaula Militar, se produjo la captura de Darío Simanca Carrascal, el 4 de febrero pasado. En el intercambio de disparos un integrante del Ejército resultó muerto y otros más heridos.

A los procesados se les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y a las de salud revisar el estado médico de los capturados, para garantizar que estén en buenas condiciones antes de realizar el traslado al lugar de detención.