La Superintendencia Nacional de Salud reveló que, con corte a junio de 2023, veinte entidades que operan el aseguramiento en salud (EPS) no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la reserva técnica, las EPS cuentan con $ 6,3 billones para respaldar la reserva técnica que es de $18,7 billones.

Los análisis técnicos de la Supersalud evidencian que, de las 24 entidades que tienen licencia de funcionamiento para el aseguramiento en salud de afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado, solamente cuatro de ellas -Aliansalud, Coosalud, Salud Bolívar y Salud Mía- cuentan con el respaldo en recursos líquidos (régimen de inversiones) para cubrir sus pasivos (reserva técnica).

“Esto demuestra que la mayoría de las entidades de aseguramiento en salud tienen un faltante histórico que ha venido creciendo por la falta de capitalización o de fortalecimiento patrimonial y no se originan por incumplimientos del actual gobierno en torno al flujo de recursos. Estas situaciones se ven evidenciadas por la acción de una Superintendencia decidida a vigilar el flujo de los recursos públicos del sistema y su uso específico en la atención de los afiliados”, dice Ulahí Beltrán López, Superintendente Nacional de Salud.

De acuerdo con la información reportada por las mismas EPS a la Supersalud en sus estados financieros, esta reserva técnica asciende a 18 billones de pesos, de los cuales solo 6.3 billones de pesos están respaldados con inversiones teniendo en cuenta de la metodología establecida.

Las veinte entidades que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la reserva técnica son: SURA, Sanitas, Compensar, Nueva EPS, Famisanar, Salud Total, Savia Salud, EPS Familiar de Colombia, Mutual Ser, Asmet Salud, Cajacopi, Capital Salud, Capresoca, Comfenalco Valle, Comfachocó, Comfaoriente, Emssanar, EPM, Ferrocarriles Nacionales y SOS.

El Superintendente recordó que, al momento de la entrada en vigor del Decreto 2702 de 2014, las EPS acumulaban un déficit cercano a los $ 5 billones (patrimonio adecuado), el cual deberían haber ido corrigiendo a través del fortalecimiento patrimonial en un plazo de siete años que venció en diciembre de 2021 para las entidades que no tenían aprobado un Plan de Reorganización Institucional (PRI) y Plan de Ajuste Financiero (PAF). Sin embargo, dicho déficit ha venido creciendo progresivamente hasta alcanzar los 12.4 billones de pesos.